Primas de seguros en odontología: política de Delta Dental y el papel del control regulatorio en la protección de los intereses de las prácticas

La Asociación Americana de Dentistas se dirigió a los reguladores de seguros solicitando revisar la nueva política de Delta Dental of California, que a partir del 1 de enero de 2027 establece un cobro de 15 dólares estadounidenses por semana para recibir reembolsos de reclamaciones mediante cheques en lugar de transferencias electrónicas. La Asociación insiste en que los proveedores deben tener derecho a elegir el método de recepción de pagos sin perder parte del reembolso.

Alcance e impacto financiero de la nueva política

Delta Dental es un sistema nacional de compañías aseguradoras independientes con su propia red de proveedores de servicios preferidos, que incluye más de 112 mil dentistas. La política afecta a Delta Dental of California y a compañías relacionadas que atienden a 15 estados estadounidenses y el Distrito de Columbia.

Con un cobro semanal de 15 dólares, los gastos adicionales anuales de una práctica ascenderán aproximadamente a 780 dólares. Si incluso 1300 prácticas reciben pagos mediante cheques durante todo el año, los cobros acumulados superarán 1 millón de dólares. Tales gastos tienen un impacto desproporcionado en las prácticas odontológicas, muchas de las cuales son pequeñas empresas con recursos administrativos limitados.

Posición de las organizaciones profesionales

La ADA envió una carta a la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros el 8 de julio, instando a los reguladores a oponerse a la política que limita la elección de los proveedores en el método de recepción de reembolsos. La Asociación sostiene que los gastos administrativos adicionales crean una carga financiera excesiva para las prácticas y, en última instancia, aumentan el costo del tratamiento para los pacientes.

Dra. Shelley Olson, presidenta del Consejo de la ADA sobre programas de beneficios dentales, señaló que la imposición de cobros por cheques aumenta el costo del tratamiento para los pacientes y la carga financiera para las prácticas, desviando recursos de la atención clínica directa. Esta posición refleja la preocupación de la comunidad profesional respecto a que los requisitos administrativos de las aseguradoras no obstaculicen el funcionamiento eficiente de los establecimientos clínicos ni empeoren la accesibilidad de los servicios odontológicos.

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